La inteligencia artificial ya no solo está provocando una carrera tecnológica entre empresas y gobiernos. También está abriendo una discusión económica de fondo en Estados Unidos: si las máquinas y los sistemas de IA empiezan a reemplazar trabajadores y a generar enormes ganancias para las empresas que los desarrollan, ¿deberían contribuir también a financiar el sistema económico y social que hasta ahora depende principalmente del trabajo humano?
La pregunta volvió a cobrar fuerza esta semana después de que Bill Gates defendiera que las empresas que sustituyan trabajadores por inteligencia artificial o robots deberían asumir una carga tributaria similar a la que hoy soporta el empleo. Su argumento parte de una lógica sencilla: los trabajadores aportan al sistema de seguridad social mediante impuestos sobre sus salarios; si una empresa elimina esos puestos y los sustituye por máquinas, el Estado podría perder una fuente importante de ingresos precisamente cuando aumentan las necesidades de capacitación y protección de quienes pierdan sus empleos.
Pero la propuesta de Gates es solamente una de varias que están circulando en Washington. Y no existe, por ahora, un "impuesto a la IA" único aprobado en Estados Unidos.
El debate incluye gravámenes a las empresas de inteligencia artificial, impuestos sobre los centros de datos y su consumo de electricidad y agua, tributos sobre beneficios extraordinarios, impuestos vinculados al uso de IA e incluso propuestas que buscan que el Estado se convierta en accionista de las compañías que concentran esta tecnología.
¿De dónde viene la iniciativa?
Una de las propuestas más concretas proviene de la senadora demócrata Elizabeth Warren. Plantea reformar el sistema tributario para que las empresas que se beneficien de la IA contribuyan más y propone específicamente gravar el consumo energético de los centros de datos que alimentan estos sistemas.
Su argumento es que los beneficios de la IA no deberían concentrarse exclusivamente en las compañías tecnológicas mientras comunidades y ciudadanos asumen parte de sus costos: desde el consumo de energía y agua hasta los posibles efectos sobre el empleo. Warren también ha cuestionado los incentivos fiscales otorgados durante la administración Trump para el desarrollo de IA y la construcción de centros de datos.
Bernie Sanders plantea una fórmula todavía más ambiciosa
El senador propone un impuesto extraordinario que no se pagaría en efectivo, sino mediante acciones de las grandes empresas de IA. Su proyecto plantea que compañías con al menos 200 millones de dólares de ingresos anuales relacionados con IA transfieran al Gobierno acciones equivalentes al 50% de su capital relacionado con esa actividad, para crear un fondo soberano estadounidense.
La idea es que el Estado y, por extensión, los ciudadanos participen directamente de la riqueza que genere la tecnología. Sanders sostiene que la IA se construye sobre décadas de conocimiento, investigación, datos y creatividad acumulados por la sociedad, por lo que sus beneficios no deberían quedar concentrados en un reducido grupo de propietarios e inversionistas.
También existe una tercera vía.
El senador Mark Kelly ha propuesto nuevos impuestos sobre determinados ingresos de publicidad digital, sobre el uso de IA y sobre ganancias extraordinarias de compañías del sector. Los recursos se destinarían a un fondo para enfrentar el impacto de la automatización sobre el mercado laboral.
Trump: ¿contra los impuestos a la IA?
Aquí la discusión se vuelve menos sencilla de lo que podría parecer.
El presidente Donald Trump ha defendido una estrategia favorable al crecimiento de la industria tecnológica y ha rechazado enfoques que, según su administración, puedan frenar la carrera estadounidense frente a China. Su política actual se ha inclinado hacia la autorregulación de la industria y hacia incentivos para el desarrollo de infraestructura y tecnología.
Pero Trump tampoco ha descartado que el público estadounidense participe de la enorme riqueza que podría generar la inteligencia artificial.
En junio, el presidente planteó explorar mecanismos para que Estados Unidos obtenga una participación en las grandes compañías de IA. Entre las alternativas analizadas aparecen impuestos específicos, participación accionaria del Gobierno y acuerdos en los que el Estado aporte recursos a cambio de acciones.
Es decir, la discusión no puede reducirse a "demócratas a favor de impuestos y Trump en contra". La diferencia está, sobre todo, en el mecanismo.
Mientras Sanders plantea una participación pública de gran escala, Warren apunta a gravar empresas y externalidades como el consumo energético; otros legisladores proponen gravar beneficios o determinadas actividades; y Trump ha hablado de que las compañías "devuelvan" parte de la riqueza al público mediante fórmulas que todavía están en discusión.
¿Y qué dicen quienes se oponen?
El principal argumento es que gravar específicamente a la inteligencia artificial podría terminar desincentivando la inversión y la innovación justamente cuando Estados Unidos compite con China por el liderazgo tecnológico.
También existe una dificultad práctica: ¿qué es exactamente una empresa de IA?
Hoy la inteligencia artificial está integrada en compañías que también producen buscadores, sistemas operativos, publicidad, comercio electrónico, chips, servicios en la nube y otros productos. Separar cuánto dinero genera específicamente la IA puede convertirse en un problema tributario complejo.
Por eso algunos economistas sostienen que podría ser más efectivo reformar la tributación del capital y de las ganancias empresariales en general, en lugar de crear un impuesto exclusivamente dirigido a la IA. El debate académico también advierte que todavía existe incertidumbre sobre cuánto empleo será realmente sustituido por esta tecnología y cuánto trabajo nuevo puede generar.
La pregunta que está cambiando
Hasta ahora, gran parte de la discusión sobre inteligencia artificial se concentraba en una pregunta: ¿qué puede hacer la IA?
Ahora aparece otra, posiblemente igual de importante: ¿Quién se beneficiará de lo que la IA sea capaz de producir?
Si una empresa reemplaza a cientos o miles de trabajadores por sistemas automatizados, puede aumentar su productividad y reducir determinados costos. Pero también puede disminuir la masa salarial sobre la que se recaudan impuestos y aumentar la necesidad de capacitación para quienes queden desplazados.
Al mismo tiempo, los centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad y agua, mientras las comunidades deben ampliar infraestructura para sostenerlos.
Por eso, quienes defienden una tributación específica sostienen que la sociedad debería recibir una parte de los beneficios y compensar algunos de los costos de esta transformación.
Quienes se oponen responden que penalizar la tecnología puede terminar ralentizando una revolución que también puede generar productividad, nuevos empleos y crecimiento económico.
Y existe una tercera posibilidad: que el problema no sea "gravar a la IA", sino actualizar un sistema tributario diseñado para una economía donde el principal generador de riqueza era el trabajo humano.
La discusión recién comienza, pero sus consecuencias podrían alcanzar mucho más allá de Silicon Valley.
Si en el futuro una empresa necesita menos trabajadores para producir mucho más, la pregunta ya no será solamente cuánto gana esa empresa.
Será también cuánto de esa nueva riqueza retorna a la sociedad que proporcionó los trabajadores, el conocimiento, la infraestructura, los datos y los recursos necesarios para hacer posible la revolución tecnológica.
Fuente: The Washington Post y otros
