¿De qué sirve un sistema de naciones creado para proteger la paz si observa genocidios, guerras y crisis humanitarias sin intervenir?
Escrito por Sebastián Díez Arauz
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un sistema de Estados que promueve la paz y la seguridad internacional, y debate temas de derechos humanos (DD. HH.) en el marco del Derecho Internacional Público (DIP), conforme a su carta magna, la Carta de la ONU.
La intervención en las Relaciones Internacionales implica inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado, ya sea mediante el uso de la fuerza en distintos ámbitos (militares, diplomáticos o humanitarios) o a través de la influencia política, con el objetivo de alterar su curso, promover intereses propios o proteger a una población. Este tipo de acciones suele entrar en tensión con el principio de soberanía nacional.
La ONU, más allá de debatir y promover resoluciones que, en muchos casos, tienen carácter de recomendación y carecen de fuerza vinculante, enfrenta un problema determinante: la falta de acción ante problemáticas reales que son prioritarias en el escenario internacional, lo que frecuentemente la vuelve ineficiente frente a crisis concretas.
El Consejo de Seguridad "que considero la principal traba para la acción" está conformado por cinco Estados permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido, los cuales gozan del derecho al veto, un beneficio que sin duda ha sido causante de múltiples inoperancias. Pero ¿qué es el derecho al veto? Es sencillo: se trata del privilegio que permite a estos Estados votar en contra de una resolución del Consejo de Seguridad y dejarla sin efecto.
El derecho al veto ha sido empleado reiteradamente como un instrumento de protección de intereses nacionales. Rusia, por ejemplo, lo utilizó para bloquear resoluciones del Consejo de Seguridad que buscaban condenar la guerra en Ucrania, demostrando que, cuando una potencia se encuentra implicada, la legalidad internacional queda subordinada al poder político.
La inacción de la ONU frente a crisis graves que contempla el escenario internacional no es neutralidad; es una forma silenciosa de complicidad voluntaria.
Como se mencionó anteriormente, son solo cinco los miembros permanentes que poseen el derecho al veto "o, en muchos casos, a la complicidad". Esta facultad deja sin efecto decisiones clave en momentos de alta tensión internacional, y el Derecho Internacional queda, sin duda, a merced de intereses políticos nacionales y de influencias estratégicas: la ley existe, pero su ejecución queda bloqueada por la correlación de poder dentro del propio sistema.
Desde una perspectiva humanitaria y política, estas acciones guiadas por intereses de estos cinco Estados generan consecuencias reales al no intervenir. Conflictos bélicos de la época contemporánea, como el conflicto palestino-israelí, han dejado miles de víctimas por actos que pueden calificarse como genocidas. A pesar de la gravedad de la situación, el tema ha sido tratado como un asunto de debate y no de acción, cobrando la vida de acuerdo a estimaciones de 170.000 personas según el Ministerio de Salud de Gaza en 2025. ¿Se necesitan más muertes para que se decida intervenir o para dejar de lado resoluciones no vinculantes? ¿Acaso los intereses de Estados Unidos y sus aliados son más importantes que la vida de cientos de miles de personas?
Más allá de los debates jurídicos, la incapacidad del Consejo de Seguridad para intervenir de manera efectiva en crisis que afectan al sistema internacional genera consecuencias humanitarias como desplazamientos forzados. Un claro ejemplo es la crisis venezolana, con alrededor de 370.200 refugiados y 5,9 millones de personas necesitadas de protección internacional hasta 2024, de acuerdo con UN News. Las diversas violaciones de derechos humanos y los crímenes democráticos y transnacionales cometidos por el régimen del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ¿no han sido motivos suficientes para una intervención? Asimismo, no debe olvidarse el desplazamiento de la población ucraniana tras la invasión rusa de 2022, que dejó cerca de 10,6 millones de personas desplazadas, con 6,9 millones de ucranianos en el extranjero, según cifras de ACNUR.
Es entonces cuando la credibilidad de la ONU se convierte en un debate central. La organización ha perdido gran parte de la legitimidad que poseía, y existen Estados que ya no creen en el multilateralismo "pilar fundamental de este sistema", entre ellos Estados Unidos (mediante bloqueos comerciales), Rusia y China (utilizando el poder de veto en la ONU para beneficio propio o de aliados), así como Venezuela y Nicaragua (retirándose de organismos de derechos humanos). Estas conductas han abierto espacios clave para la proliferación de acciones unilaterales o intervenciones selectivas en beneficio propio.
La inacción reiterada de la ONU frente a crisis graves ha erosionado progresivamente su credibilidad como garante del orden internacional. Cada vez más Estados y actores internacionales dudan de la eficacia del sistema multilateral, lo que abre espacio para acciones unilaterales que operan al margen del derecho internacional. Cuando la ONU no actúa, otros deciden hacerlo por su cuenta.
Quienes rechazan la intervención suelen argumentar que esta vulnera la soberanía estatal y puede agravar los conflictos. Sin embargo, una intervención realizada dentro del marco del Consejo de Seguridad constituye precisamente la vía legítima para evitar abusos de poder y preservar la legalidad internacional. La soberanía no puede ser utilizada como escudo frente a crímenes masivos o violaciones sistemáticas de derechos humanos, una dinámica que regímenes como el venezolano han instrumentalizado en los últimos años.
En este contexto, el principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) surge como un mecanismo clave: cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su población, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar mediante medidas diplomáticas, humanitarias y, en última instancia, coercitivas, siempre con autorización del Consejo de Seguridad. No obstante, la falta de voluntad política ha impedido su aplicación efectiva.
El debate reciente sobre una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela refleja esta fractura: algunos la consideran necesaria pero contraria al Derecho Internacional Público; otros la califican de excesiva, aunque inevitable. Lo cierto es que este escenario pudo haberse abordado mediante sanciones, condenas formales o incluso medidas coercitivas multilaterales dentro del marco de la Carta de la ONU. En cambio, predominó la discusión estéril y la inacción. La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿se trata de una simple falta de voluntad política o de una forma silenciosa de complicidad?
Cada vez que la ONU no actúa, el sistema internacional se vuelve más frágil y más cínico.
La inacción de este sistema deja como precedente que los Estados puedan intervenir de manera coercitiva y mediante el uso de la fuerza para alcanzar sus objetivos y proteger intereses particulares. Es decir, cualquier Estado podría dejar de lado el Derecho Internacional Público y actuar de forma similar a como lo hizo la administración de Donald Trump.
Si bien la Carta de la ONU establece la no intervención en la soberanía de los Estados, incluso cuando se trata de regímenes autoritarios, el mensaje que estos reciben es claro: "gobierna como quieras y gestiona alianzas estratégicas para evitar la intervención del Consejo de Seguridad", o bien, "permite que la gravedad de la situación escale".
Esto dice mucho del orden internacional actual: un orden que se debilita progresivamente y que está siendo dominado por la influencia de potencias y Estados capaces de corromper el marco que otorga el Derecho Internacional.
Dejar de mirar es necesario; actuar cuando se necesita es una obligación. El sistema de la ONU debe garantizar la paz y la seguridad, no limitarse a observar cómo estas se debilitan.
Si la ONU no actúa cuando más se la necesita, ¿quién protege entonces a los más vulnerables?
Sebastián Díez Arauz, es estudiante de Relaciones Internacionales.
