Uno de los principales ejes fue el análisis de dos iniciativas legislativas: la Ley Marco de Financiamiento Climático y la propuesta de ley específica de mercados de carbono.
Durante dos jornadas en Samaipata, legisladores, autoridades y especialistas nacionales e internacionales analizaron el panorama regional y el avance de Bolivia en materia de financiamiento climático. En el encuentro, Jorge Ernesto Ávila Antelo, viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, presentó la propuesta de ley, orientada a movilizar recursos para la acción climática con integridad ambiental y respeto a los derechos colectivos.
La Escuela de Cambio Climático y Carbono concluyó el pasado sábado en el municipio de Samaipata (departamento de Santa Cruz), tras dos jornadas de diálogo e intercambio técnico entre senadores, diputados, equipos técnicos legislativos, autoridades y especialistas de Bolivia, Paraguay, Brasil y Colombia. El encuentro permitió conocer experiencias de otros países, analizar las propuestas normativas en debate y discutir las condiciones jurídicas, institucionales y técnicas que Bolivia necesita para desarrollar una gobernanza climática robusta y proteger su patrimonio natural.
Uno de los principales ejes fue el análisis de dos iniciativas legislativas: la Ley Marco de Financiamiento Climático y la propuesta de ley específica de mercados de carbono. Ambas buscan establecer condiciones jurídicas e institucionales para implementar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, canalizar financiamiento y fortalecer la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas.
En este contexto, el viceministro Ávila, presentó la estructura y la propuesta de ley de mercados de carbono. Explicó que la iniciativa recoge experiencias internacionales y considera las particularidades de Bolivia, con el propósito de consolidar un sistema que permita movilizar recursos y facilitar el acceso del país a mecanismos de financiamiento climático.
La propuesta se guía por principios de integridad ambiental, eficiencia en la movilización de recursos y respeto a los derechos colectivos. Estos criterios buscan que el desarrollo de los mercados de carbono responda a las necesidades nacionales y contribuya a proteger los recursos naturales, la biodiversidad y los bosques, al tiempo que genere oportunidades para las comunidades.
"Ambas leyes, la Ley Marco de Financiamiento Climático y la ley específica de mercados de carbono, son estrategias de conservación que buscan garantizar la estabilidad ambiental de nuestro país. De manera complementaria, pueden generar ingresos y dinamizar la economía, pero la prioridad debe ser garantizar la estabilidad ecológica, proteger el medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad y nuestros bosques", manifestó el viceministro.
Ávila remarcó además que la construcción normativa debe ser colectiva y democrática y que, después del análisis legislativo, será necesario avanzar en su reglamentación e implementación.
Por su parte, María Teresa Vargas, directora ejecutiva de Fundación Natura Bolivia, resaltó la importancia de generar espacios que fortalezcan las capacidades de las autoridades y permitan tomar decisiones informadas. "El intercambio técnico y las experiencias compartidas durante la Escuela contribuyeron a ampliar la comprensión de los desafíos y las oportunidades que enfrenta Bolivia para articular el financiamiento climático con la conservación y el desarrollo sostenible." aseguró Vargas. Uno de los mensajes centrales fue que el financiamiento no constituye el objetivo final, sino un medio para conservar y usar sosteniblemente el agua, los bosques, la biodiversidad y otros recursos naturales
Desde el ámbito departamental, María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, señaló que es necesario que este proceso sea conocido por las autoridades, las comunidades, los pueblos indígenas y la sociedad civil. Asimismo, subrayó que la construcción de un marco legal con seguridad jurídica es una condición importante para que el país pueda incorporarse a esta economía, con reglas claras y consideración de los distintos actores involucrados.
La senadora nacional Wanda Medrano se refirió a la importancia de que los legisladores cuenten con herramientas técnicas y experiencias internacionales para desarrollar su trabajo con responsabilidad. El análisis de legislación comparada y de los desafíos del cambio climático, señaló, permite fortalecer las propuestas normativas y explorar alternativas para movilizar recursos que contribuyan a los objetivos de desarrollo del país.
Durante las jornadas se destacó que una gobernanza climática robusta requiere institucionalidad y normativa claras, pero también planes de implementación y medios concretos para hacerlas operativas, incluyendo financiamiento, capacidades, información, seguimiento y coordinación entre niveles de gobierno.
En la misma línea, la diputada Helen Patricia Patiño agradeció el acompañamiento y el asesoramiento del equipo técnico durante las jornadas. También puso de relieve la necesidad de comprender las implicaciones sociales, políticas y económicas de los mercados de carbono y del financiamiento climático, para avanzar hacia normas que brinden seguridad jurídica y permitan impulsar oportunidades de inversión vinculadas a la protección de los bosques.
A lo largo de las dos jornadas, los participantes revisaron experiencias regulatorias e institucionales de América Latina e intercambiaron criterios sobre los desafíos jurídicos, técnicos e institucionales que implica desarrollar estos mecanismos en Bolivia. El trabajo permitió contrastar distintas perspectivas y aportar elementos para construir propuestas acordes con las necesidades del país, los derechos colectivos.
La Escuela de Cambio Climático y Carbono fue impulsada por la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia y Fundación Natura Bolivia. El encuentro buscó fortalecer las capacidades de los tomadores de decisión y contribuir al desarrollo de instrumentos jurídicos que permitan al país acceder a oportunidades de financiamiento climático, proteger su patrimonio natural y generar beneficios para las comunidades.
