El Gobierno denunció este viernes la existencia de una red de corrupción arraigada por más de 20 años en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tras una intervención que identificó a 300 implicados. Entre los señalados se encuentran funcionarios, operadores, despachantes y usuarios.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, anunció en una conferencia de prensa que ya se realizan acciones directas y se "activan procesos penales" en contra de los involucrados.
"Se identificaron usuarios, operadores y despachantes. Contra ellos se están generando acciones directas y procesos penales", remarcó la autoridad.
El Poder Ejecutivo denunció que estas redes ilegales, enquistadas por más de dos décadas en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), perjudican la economía de la población. Con estos resultados, se eliminará la corrupción y el contrabando para darle seguridad al país.
"Es preciso señalar que, como comisión, nos hemos trazado como objetivo prioritario mejorar la situación del abastecimiento, especialmente en relación a los distritos que han sido identificados. Sin embargo, desde la perspectiva jurídica no basta con resolver la situación del desabastecimiento, sino que además debemos identificar las causas, a los presuntos responsables y proponer soluciones estructurales para que en el futuro no vuelvan a ocurrir este tipo de circunstancias", remarcó García.
Identificación de casos
La entidad detectó graves irregularidades en los procesos de despacho de mercancías, tras confirmarse la salida de productos sin su facturación correspondiente. Según la normativa vigente, el procedimiento administrativo exige que se realice el pago, la emisión de la factura y la orden de despacho antes de proceder con la asignación final. Sin embargo, las auditorías revelaron múltiples casos en los que se invirtió este orden, priorizando la entrega de los despachos antes de formalizar los cobros y registros tributarios.
"Hemos podido identificar, en primer lugar, casos en donde se han emitido despachos sin factura; es decir, la lógica administrativa establecida en nuestra norma señala que previamente se debe efectuar el pago, la facturación, la orden de despacho y recién la asignación. Sin embargo, hemos podido observar muchos casos en los que se han generado despachos y recién después se ha facturado", resaltó la autoridad.
