INRA afirma que el predio no tiene saneamiento ejecutoriado y está dentro de reserva forestal. Ayer se registró el quinto avasallamiento armado, que dejó a una persona herida de bala.
Un contingente policial retomó este viernes el control del predio Santa Rita, en Santa Cruz, avasallado por un grupo armado que hirió a una persona.
En la madrugada, la Policía partió a la propiedad ubicada en la zona Las Londras, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, para ejecutar el operativo de desalojo contra al menos 80 personas que habrían ingresado armadas al lugar el jueves.
Asimismo, los propietarios de la hacienda denunciaron que en el lugar había al menos 25 personas retenidas y una de ellas herida con arma de fuego.
Según medios locales, los ocupantes ilegales mantienen secuestrado al propietario del predio, el ciudadano Filipe Araujo Barbieri, junto a varios de sus trabajadores, uno de los cuales resultó herido por impacto de bala.
El hecho marca el quinto caso de avasallamiento registrado en la región desde julio de 2024. Ante esta situación, la movilización policial comenzó cerca de las 04.00 de este viernes.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó este viernes que el predio denominado Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos, del departamento de Santa Cruz, no cuenta con una resolución de saneamiento ejecutoriada y, además, estaría asentado dentro de la Reserva Forestal Guarayos, lo que complica aún más su situación jurídica.
INRA
La directora jurídica del INRA, Elvira Achu, explicó que, si bien en 2017 se emitió una resolución final de cumplimiento sobre dicho predio, ésta fue impugnada y el caso continúa en análisis ante el Tribunal Agroambiental Plurinacional (TAP). "Actualmente esa resolución ha sido notificada y está impugnada en el Tribunal Agroambiental. Eso conocemos en la página del tribunal", precisó.
Achu remarcó que mientras no se emita un fallo ejecutoriado, el INRA debe garantizar los derechos de propiedad y posesión, pero también advirtió que se dictaron medidas precautorias desde julio de 2024 que prohíben nuevos asentamientos en la zona, así como el desalojo de ocupaciones ilegales, algunas de las cuales ya fueron ejecutadas con apoyo de la fuerza pública.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que el proceso está judicializado y pidió a las autoridades competentes acelerar la resolución del caso de Santa Rita, donde ayer se registró el quinto avasallamiento armado que dejó a una persona herida de bala.
"Es importante que las instancias llamadas por ley respondan y den celeridad para resolver estos procesos, porque sabemos que probablemente también acudan a otras instancias que la ley les permite", declaró.
Fuente: El Deber y La Razón
