Desde venta de crudo sin autorización, hasta la anulación 'ilegal' de un laudo ganado por $us 12 millones, la petrolera notificó al Estado que tiene seis meses para responder por la pérdida de "varios cientos de millones de dólares".
El procurador General, Ricardo Condori, informó que no existe ninguna demanda de la petrolera Shell Bolivia Corporation, ya que el Estado boliviano solo recibió una "notificación de disputa", documentación que será analizada en los próximos meses por las instituciones y empresas relacionadas con la posible controversia de inversión.
"No existe ninguna demanda. Lo correcto es señalar que nos hicieron llegar una notificación de disputa, por la que nos dan a conocer una posible demanda o arbitraje internacional relacionado con el tema de inversiones", explicó.
Se tiene un plazo de seis meses para recabar la documentación necesaria y emitir un criterio fundamentado. "En su momento, con la documentación legal, técnica, administrativa y financiera, veremos si existe o no la posibilidad de ingresar a un diálogo con la empresa", afirmó.
El laudo con la trasnacional petrolera no es reciente, porque deviene de 2013. "Este laudo indicaba que el Estado boliviano debía pagar más de 12 millones de dólares. Sin embargo, las entidades facultadas presentaron la anulación del mismo, lo que implica que esos 12 millones de dólares quedaron anulados por un juez en materia civil en Bolivia, por lo tanto, no existe ninguna situación pendiente", puntualizó Condori.
Circuló en redes sociales y medios de comunicación una carta del 5 de agosto, dirigida al presidente Luis Arce, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General del Estado, en la que la firma King & Spalding, en representación de BG Overseas Limited (el inversor), donde se notifica al Estado boliviano sobre la "disputa entre el inversor y el Estado Plurinacional de Bolivia", conforme al Artículo 8 del Convenio entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Bolivia, sobre el fomento y la protección de inversiones de capital, firmado en 1988.
Fuente: ABI
