Rodrigo Paz no puede repetir el patrón de gobiernos que terminaron devorados por sus propios escándalos. Si algo prometió a los bolivianos fue coherencia, y hoy esa coherencia se mide en hechos, no en excusas. El país no necesita otro “ministerio de la discordia”. Necesita justicia verdadera, no justicia usada como trinchera política.

No ha pasado una semana desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia y su gobierno ya enfrenta su primer impasse. El caso no es menor: involucra al flamante ministro de Justicia, Freddy Vidovic, quien arrastra una condena en el bullado caso Belaunde, uno de los episodios más vergonzosos de la relación entre poder político y corrupción en la última década. La historia se repite, y lo hace con una velocidad que alarma.

Vidovic, abogado de confianza del vicepresidente Edmand Lara, fue condenado hace diez años por su presunta participación en la fuga del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, exasesor del expresidente Ollanta Humala, que se refugió en Bolivia hasta que su caso se convirtió en un escándalo binacional. Vidovic alegó persecución política y tortura, y aceptó un juicio abreviado para “salvar su vida”. Sin embargo, los hechos son testarudos: fue sentenciado. Que hoy ocupe el cargo de ministro de Justicia revela una peligrosa indulgencia con el pasado y un mensaje contradictorio de un gobierno que se estrenó prometiendo limpieza y transparencia.

La defensa del vicepresidente Lara —quien no sólo lo propuso, sino que pone “las manos al fuego” por él— agrava el cuadro. Lara, en campaña, decía que el Ministerio de Justicia debía cerrarse por ser “el ministerio de la persecución”. Hoy lo considera “fundamental”. Esa voltereta discursiva no sólo exhibe incoherencia, sino que consolida la idea de que el poder, una vez conquistado, termina justificando lo que antes se condenaba.

Lo más preocupante es que el ministro Vidovic, lejos de guardar prudencia en medio del escándalo, ha lanzado una advertencia que suena a amenaza: “quienes intenten dañar al Gobierno o al Ministerio serán investigados”. En un país con una historia de persecución judicial, ese lenguaje revive fantasmas del pasado reciente.

Rodrigo Paz, durante la campaña, había dicho con claridad: “ese ministerio no sirve para nada, salvo para perseguir, para el sicariato político y para generar escándalos”. Hoy sus propias palabras se cumplen al pie de la letra. No sólo mantuvo la cartera que prometió cerrar, sino que la entregó al hombre más cuestionado de su gabinete.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado revisar los antecedentes de Vidovic, en un intento de poner algo de claridad institucional en medio del ruido político. Pero el daño está hecho. El “ministerio de coimas y sentencias”, como lo llamó Paz, se ha confirmado como el epicentro del conflicto, el espacio donde se cruzan las lealtades políticas, las viejas deudas y los temores de un gobierno que apenas empieza.

La bancada de Libre, aliada circunstancial de Paz, ha pedido cumplir la promesa de eliminar el Ministerio de Justicia. No hay forma de reconciliar el discurso de renovación con la continuidad de un aparato estatal que históricamente sirvió más para castigar enemigos que para garantizar derechos. Si el nuevo gobierno quiere marcar distancia del MAS, este era el momento para hacerlo.

Editorial del diario El Día