La reforma tributaria vuelve a instalarse en el debate público. Aunque diferentes candidatos la han impulsado en épocas electorales, reconociendo la urgencia de ajustar un sistema que no se adecúa a los mandatos de la Constitución ni al funcionamiento del Estado autonómico, las últimas medidas anunciadas por el Gobierno no han logrado convencer a empresarios, analistas y pequeños contribuyentes. La administración del presidente Rodrigo Paz informó recientemente la eliminación de cuatro impuestos que —según sus propias cifras— no representan ni el 1% de las recaudaciones nacionales. Sin embargo, múltiples voces advierten que los ajustes deben ser más profundos para que la población sienta un alivio real.

Los cuestionamientos se concentran en tres tributos que, según los sectores productivos y empresariales, generan una presión elevada y poco coherente con la realidad económica del país: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades (IUE). Asimismo, exigen que el Estado flexibilice la recepción de facturas para descargos, ya que las restricciones actuales terminan penalizando a pequeñas y medianas empresas.

En Bolivia rigen 12 impuestos nacionales: IVA, IT, IUE, RC-IVA, ICE, ISAE, IEHD, IDH, ITF, IJ, IPJ y el IGF. La reforma anunciada por el Gobierno suprimió cuatro de ellos: el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Impuesto a la Transacción Financiera (ITF), el Impuesto al Juego (IJ) y el Impuesto a las Promociones Empresariales. Pese a la importancia política del anuncio, el presidente Paz admitió que estos tributos representan una fracción mínima de los ingresos fiscales.

Justificó la decisión señalando que la eliminación del Impuesto a las Promociones Empresariales busca atraer inversiones que —según explicó— migraron hacia países vecinos como Paraguay. El objetivo, dijo, es recomponer la confianza de inversionistas, repatriar capitales y dinamizar la economía.

Sin embargo, para analistas como Fernando Romero, el impacto es limitado. Recordó que en 2024 el IGF recaudó 157,27 millones de bolivianos, apenas el 0,45% del total del mercado interno.

Refirió que son impuestos que recaudaban poco; eliminarlos da una imagen de alivio fiscal, pero no cambia la vida cotidiana del ciudadano, ya que no reduce el costo de los alimentos, del transporte ni de los servicios.

Si bien Romero considera positivo el mensaje político, subraya que la medida beneficia a un sector muy reducido de la población, principalmente grandes inversionistas y entidades financieras.

Para Fernando Galarza, gerente ejecutivo de ANIV y miembro de la CAIT, la discusión sobre los impuestos debe ser más integral. Asegura que el sector productivo ha pedido durante años condiciones adecuadas para desarrollarse y competir.

Uno de los impuestos más cuestionados en este rubro, es el Impuesto al Consumo Específico (ICE), que afecta directamente al sector vitivinícola. Galarza explica que la alícuota es compleja de calcular, está indexada a las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) y se incrementa cada año, lo que reduce competitividad.

“Los singanis y vinos espumantes tributan doble porque tienen una alícuota porcentual adicional. Hemos presentado alternativas, pero no se nos ha escuchado”, lamenta.

Además, propone liberar aranceles para la importación de insumos y maquinaria especializada —tanques, barricas, corchos— que no se fabrican en Bolivia. Sostiene que estos costos adicionales frenan la modernización y profesionalización del sector.

El mayor descontento surge con tres impuestos que afectan transversalmente a varios rubros: IVA, IT e IUE.

Galarza explica que la industria vitivinícola compra uva a pequeños productores del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), quienes no emiten factura. Las empresas, sin embargo, deben pagar el IVA al transformar el producto, pero cuando intentan hacer descargos el Estado solo les reconoce facturas de uva, excluyendo otros gastos operativos.

La situación se replica en la construcción. La Empresa Constructora Bolívar (ECOB SRL) en conversación con El País, detalla que el IVA y el IT juntos representan el 16% de sus utilidades mensuales. El problema surge cuando el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) rechaza facturas de alimentación, salud u hospedaje, que forman parte de los gastos reales del rubro. El IUE, por su parte, significa otro 3% anual.

El sector sostiene que debería haber una escala diferenciada según el tamaño de la empresa y el monto de los proyectos. Plantean que para obras menores a medio millón, pagar 16% es excesivo, sino que las cargas más fuertes deberían recaer en firmas que trabajan con montos superiores al millón.

La presión también se siente en los emprendimientos pequeños. Eldy Quiroga, propietaria de una librería y fotocopiadora, asegura que los tributos actuales “obligan a operar sin margen de error”. Con un IVA del 13%, un IT del 3% mensual y un IUE anual cercano al 4%, considera que el sistema debería aplicar un esquema gradual.

“Cuando uno empieza, no debería pagar inmediatamente. Una vez que ya se establece, podría asumir una tasa mínima. Y las empresas más grandes deberían pagar más”, propone.

Otro problema serio son las multas. Cuando una empresa se retrasa, se aplican tasas de interés del 8% mensual, acumulativas. “Si uno no logra ponerse al día, la deuda se multiplica y se vuelve impagable”, denuncia.

Romero considera que para que la población sienta un alivio verdadero se requieren políticas más profundas y orientadas a la redistribución. Entre sus recomendaciones destacan: Reducir el IVA en alimentos básicos, para bajar el costo de la canasta familiar; Mantener estables tarifas de luz, gas y transporte; Establecer alivios tributarios en servicios y alquileres.

Para el empleo, plantea menos impuestos a las PYMES, incentivos a la contratación formal y créditos con respaldo fiscal. Para una mayor justicia tributaria, propone mejorar el cobro a quienes más ganan, combatir la evasión fiscal y gravar la economía digital.

El sistema tributario boliviano empuja a miles de ciudadanos hacia la informalidad. Ante una carga impositiva elevada y trámites complejos, muchos optan por emprendimientos sin registro para sobrevivir, esquivando costos que consideran asfixiantes.

Al mismo tiempo, empresas formales enfrentan obstáculos para justificar sus gastos, pues el fisco solo acepta facturas vinculadas estrictamente a su rubro. Esta rigidez obliga a varias a recurrir a la compra de facturas entre sectores afines para evitar sanciones, alimentando un circuito ilegal que el propio sistema termina incentivando.

Fuente: El País