La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra tendrá que enfrentar otro proceso judicial por el incumpliendo del pago de 40,670 millones bolivianos comprometido con Quipus por la compra equipos Quipad V2, realizada en la gestión 2023, a cargo del alcalde Jhonny Fernández. Los equipos sumaron 14.958, según datos proporcionados entonces por la Alcaldía; alrededor de 3.000 bolivianos por computadora.

De acuerdo a datos publicados en el portal del SIGEP (Servicio de Gestión Pública) en el que se detallan las condiciones de venta de computadoras a la Alcaldía cruceña —consignadas en el Contrato Administrativo Nº 45/2023— el pago debió ejecutarse a corto plazo. Pese al incumplimiento de la obligación, Quipus no ejerció presión para recuperar los más de 40,6 millones de bolivianos.

Recién en diciembre del año pasado, más de dos años después de suscrito el contrato y a un mes del gobierno presidido por Rodrigo Paz, los responsables de Quipus iniciaron un proceso judicial ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, para la recuperación de la deuda.

Fue en enero de 2024 cuando el alcalde Jhonny Fernández anunció la entrega de más 14 mil nuevas computadoras Quipus para estudiantes de secundaria. 

Esta fue la segunda compra de computadoras realizadas por el alcalde Jhonny Fernández. La primera compra data de 2022: 19.635 computadoras portátiles “Super Kuaa” por 54,9 millones de bolivianos —2.800 bolivianos por unidad—, realizada bajo la modalidad de contratación directa entre la Alcaldía y la empresa estatal.

Quipus fue una de las empresas públicas creada bajo el gobierno presidido por Evo Morales para “el ensamblaje, producción y comercialización de equipos tecnológicos, principalmente computadoras portátiles, de escritorio y tablets”. Puesta en marcha en 2013, fue reestructurada en 2021.

A lo largo de las diferentes gestiones de Morales, así como en la presidida por Luis Arce, los responsables de la empresa y del Ministerio de Desarrollo Productivo y de Economía Plural afirmaron que Quipus era rentable. Una afirmación desmentida por el gobierno actual que la identifica como una de las empresas públicas que están en quiebra y deben cerrarse.