Hoy, jueves 16 de abril, se cumplen 17 años del asalto al Hotel Las Américas por parte de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) de la Policía, que ahora ya no existe. Ese día, los agentes ejecutaron a tres extranjeros sin la presencia de un fiscal y arrestaron a otras dos personas, todos sindicados de promover el separatismo del país con acciones “terroristas”; además, se inició una persecución judicial sin precedentes a decenas de ciudadanos cruceños bajo estos cargos que nunca fueron probados.   

Por eso existen en la actualidad 12 procesos tramitados, tanto en la CIDH como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en contra del Estado boliviano, precisamente, a partir de las ejecuciones sumarias perpetradas en 2009 en el contexto de la aplicación de la nueva Constitución y del sistema de autonomías, una demanda histórica que había sido planteada por Santa Cruz.

Gary Prado Araúz, abogado que patrocinó a una varios de los detenidos desde que explotó el caso, informó ayer al Grupo EL DEBER que existe una primera petición, o causa colectiva que ya está en los estrados de la Corte IDH.

Entre los accionantes se encuentran Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Mario Tadic, Elöd Tóásó y la madre de Michael Martin Dwyer, el ciudadano irlandés fallecido durante ese asalto al Hotel Las Américas.

También figuran otras ocho peticiones, esta vez ante la CIDH, presentadas por el arquitecto Ronald Castedo, Branko Marinkovic, Zvonko Matkovic, Gelafio Santisteban (padre), Gelafio Santisteban (Hijo), Juan Carlos Santistevan y varios de sus familiares.

En 2021, la CIDH emitió el informe de fondo, “Mario Francisco Tadic Astorga y otros / Bolivia/CIDH,394/21– Caso 13546”, en la que concluye que “el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de las víctimas identificadas”.

Prado afirmó que, si bien se concluyó la fase oral en febrero del año 2020, y luego se ejecutó la sentencia absolutoria en favor de los ciudadanos procesados durante el gobierno del MAS, en junio del año 2020 durante el gobierno de Jeanine Áñez, aún no hubo una reparación integral a las víctimas de las graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Aquí hay que hacer una crítica muy grande a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” que es la encargada de elaborar los informes de fondo del resto de las víctima,  “porque, lamentablemente, no avanza con la presteza y velocidad con que debería avanzar. Hay una carga judicial muy grande”, dijo Prado.

El jurista espera que este año se dé inicio al primer juicio y que la demanda de los primeros ocho accionantes puedan fluir y esto sea resuelto. En ese sentido, consideró que mientras haya la posibilidad de la reparación “será importante” que Bolivia pueda poner fin a este capítulo de su historia.  Además, pidió al Gobierno de Rodrigo Paz a que se separare de la Procuraduría General del Estado a los funcionarios que “han servido a la mentira y a la maliciosa interpretación de los hechos” durante todos estos años.

Por su parte el exintegrante de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) Juan Carlos Guedes manifestó a la plataforma de EL DEBER que espera la instalación del último juicio en tres meses de la Corte.

“Ya estamos en lo último del proceso y se acaba el problema. Nos convocarán en unos tres meses más y en ese tiempo se acaba porque solamente son dos audiencias y la Corte de Costa Rica (donde radica la Corte-IDH) se reúne cada tres meses. Son las únicas dos audiencias”, dijo Guedes.

También reveló que existe un acercamiento entre las víctimas y la Procuraduría, aunque hay situaciones por limar, pero están por buen camino ante sus demandas. Finalmente, recalcó que el “Gobierno de Paz tiene buena voluntad para resolver” la actual situación de reparación integral.

Alejandro Brown, quien fue otro de los 39 procesados por el gobierno de Evo en el caso Terrorismo, informó a EL DEBER que presentó una petición internacional formal ante la CIDH en Washington (Petición N° 104011).

“En este documento jurídico denuncio los 12 años de asfixiante exilio forzado y la tortura a la que fui sometido por el montaje del falso Caso Terrorismo”, recordó.

Si bien la demanda aún no fue admitida, Brown precisó que ante el informe de fondo del Caso 13546,  la CIDH solicitó a la instancia que lo utilice como “cosa juzgada administrativa” para dar por probados los hechos de contexto en el que se dieron las vulneraciones a sus derechos.

Brown señaló que más que buscar un contacto burocrático, su posición es una exigencia histórica e innegociable, para que el Gobierno de Paz, a través de la Procuraduría General del Estado, asuma su responsabilidad.

Durante su gobierno, Evo Morales justificó esta acción para impedir “la separación” del país.