La institucionalidad cruceña, sectores productivos y parlamentarios regionales activaron una ofensiva política para impedir la abrogación de la Ley 1720, mientras crece el discurso autonómico y la presión para revertir la decisión.

Santa Cruz y el resto del país volvieron a chocar  por el futuro de la Ley 1720. Después de que Diputados aprobó su abrogación impulsada por el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), en cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno de Rodrigo Paz con los sectores en protesta, la institucionalidad cruceña cerró filas, se declaró en emergencia y busca trasladar esta disputa política al Senado, en una jornada marcada por la defensa del modelo autonómico y señales de confrontación regional en torno al control de la tierra y de la producción.

El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Fernando Pareja, informó que durante la sesión se aprobó un voto resolutivo de respaldo a la Ley 1720 y de rechazo a su abrogación. La resolución fue respaldada por 43 de los 44 parlamentarios presentes, de un total de 68 legisladores que integran la brigada; solo la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara, no respaldó la resolución.

El documento aprobado declara a la brigada en estado de emergencia y expresa respaldo al “contenido y alcance” de la norma, dejando además a disposición de los sectores productivos, pequeños productores, instituciones cívicas y el pueblo cruceño las futuras determinaciones políticas y legislativas. Asimismo, rechaza “actitudes desestabilizadoras y antidemocráticas” que —según el texto— buscan afectar la estabilidad gubernamental y parlamentaria emergente del proceso democrático de 2025 y 2026.

La resolución también exige al Gobierno nacional defender la institucionalidad democrática y abstenerse de intervenir en el Órgano Legislativo, además de exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALD) a preservar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa vinculada al régimen agrario y productivo.

El senador Branko Marinkovic, proyectista de la ley, aseguró que la batalla recién comienza y confirmó que el escenario decisivo será la Cámara Alta. “Vamos a seguir siempre la línea de lo que quiera el departamento”, afirmó, al señalar que esperarán la posición oficial de la CAO y del Comité pro Santa Cruz para definir la estrategia política.

Marinkovic defendió la norma argumentando que beneficia principalmente a pequeños productores con títulos legalizados y negó que afecte a territorios indígenas o tierras comunitarias. También denunció presuntas “jugadas” políticas y criticó a legisladores cruceños que abandonaron la sesión para facilitar la aprobación de la abrogación.

En paralelo, el discurso autonómico volvió a ocupar el centro del debate regional. La pre-sidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, sostuvo que la intención de eliminar la norma responde a una “geopolítica” orientada a mantener el control político sobre la tierra y el territorio. Anunció además una agenda legislativa regional destinada a fortalecer al aparato productivo cruceño.

El alcalde de Santa Cruz, Carlos Manuel ‘Mamén’ Saavedra, insistió en que la ley no es obligatoria y planteó que cada región tenga la potestad de aplicarla o rechazarla. “Eso es democracia y fortalecer las autonomías”, afirmó, al expresar su confianza en que el Senado introduzca modificaciones al proyecto aprobado por Diputados.

Desde el Comité pro Santa Cruz, el primer vicepresidente Agustín Zambrana elevó el tono político y aseguró que el modelo centralista “está agotado y colapsado”. Ratificó el rechazo institucional a la abrogación y planteó avanzar hacia “leyes regionalizadas” que permitan a cada departamento definir sus propias políticas productivas. Zambrana también cuestionó a parlamentarios cruceños que votaron por la abrogación o abandonaron la sesión y anticipó que deberán responder ante sus regiones y sectores. “La pelea hay que darla”, sostuvo, al confirmar próximas reuniones con los parlamentarios.

Aunque Diputados ya aprobó el proyecto de abrogación, la decisión final permanece en manos del Senado, donde la bancada de Libre buscará ralentizar el tratamiento y abrir un frente para mantener la norma.

Fuente: El Deber