La Paz vivió este martes una jornada marcada por la incertidumbre y la tensión social debido a la expansión de bloqueos, marchas y amenazas de nuevas medidas de presión impulsadas por sectores sindicales, campesinos y mineros contrarios al gobierno del presidente Rodrigo Paz y presuntamente alineados con el “evismo”, mientras el Ejecutivo intentaba abrir canales de diálogo para frenar una crisis que, pese a la desactivación de dos focos de conflicto vinculados a la Ley 1720 y al paro del Magisterio, amenaza con agravarse en las próximas horas en distintas regiones del país.

El nuevo escenario de conflictividad se consolidó tras la emisión de un instructivo de la Central Obrera Boliviana (COB), que convocó a sus organizaciones afiliadas a masificar el bloqueo, que ya lleva más de una semana. La entidad justificó la medida señalando que las “demandas del pueblo no fueron atendidas hasta la fecha”.

A la convocatoria se sumó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), que instruyó a sindicatos afiliados, dirigentes y organizaciones vinculadas al sector minero concentrarse para bloquear avenidas y reforzar el cerco nacional de caminos. En su instructivo, la organización exigió garantizar una presencia “masiva, activa, revolucionaria y combativa” y advirtió un estricto control de asistencia.

Las protestas ya no se limitan únicamente a demandas sectoriales. El dirigente campesino “evista” Jerson Murillo afirmó que las movilizaciones se masifican y confirmó la salida de una marcha desde Caracollo hacia la sede de Gobierno. Según declaró, el objetivo es “tomar la ciudad de La Paz” para exigir la renuncia del presidente y de sus ministros, a quienes acusó de incapacidad y persecución política.

En la misma línea, la ejecutiva de las ‘bartolinas’, Juliana Tórrez, descartó cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno y aseguró que las bases mantendrán las medidas “hasta las últimas consecuencias”. También el dirigente del Conamaq, Teodoro Mamani, advirtió que, si no son escuchados, desde esta semana se iniciarán bloqueos indefinidos de carreteras en municipios y departamentos del país.

En medio del creciente cerco a la sede de Gobierno, Rodrigo Paz difundió un mensaje convocando a los bloqueadores y a sus bases al diálogo. El mandatario sostuvo que las medidas de presión agravan el alza de precios, el desabastecimiento de combustibles y la pérdida de empleos, además de defender que las nuevas leyes serán socializadas y transparentadas para evitar desinformación.

Sin embargo, mientras el Ejecutivo insiste en la reconciliación, comenzaron a multiplicarse las voces que exigen una respuesta más contundente.

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, calificó los bloqueos como una acción política destinada a facilitar el retorno del MAS al poder y pidió al presidente utilizar la fuerza pública para desbloquear carreteras.

El pastor evangélico Luis Aruquipa también demandó “mano dura” contra los bloqueadores “para impedir el retorno del MAS”, mientras el presidente cívico Stello Cochamanidis exigió la intervención policial inmediata para garantizar la libre circulación. Desde el Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara pidió priorizar el diálogo.