Hay que admitirlo, en Bolivia hay una guerra civil que enfrenta a un gobierno débil, a cargo de una economía quebrada, con los mercenarios de la industria más poderosa que tuvo el país en toda su historia.

La guerra franca comenzó al día siguiente de la visita del mayor general Philip J. Ryan, comandante del Comando Sur del ejército de Estados Unidos para coordinar con el gobierno de Rodrigo Paz la participación de esa unidad en la lucha contra el narcotráfico boliviano.

Ese día, el 1 de mayo, el expresidente Evo Morales, jefe de los cocaleros que producen la materia prima para la cocaína, rompió la alianza secreta –un secreto a voces– que tenía con el gobierno desde que le ayudó a ganar las elecciones en 2025.

La guerra cumple ahora 23 días y ha paralizado al país con medio centenar de cortes de carretera y el asedio a la ciudad de La Paz, donde los bloqueadores no permiten el ingreso ni siquiera de oxígeno para los hospitales, y llegaron a impedir el paso de una ambulancia que llevaba a un niño minero de doce años, hasta que murió.

En La Paz, de dos millones de habitantes, faltan alimentos y el gobierno propone un “corredor humanitario” para dejar pasar lo elemental, pero Morales no cede, ni siquiera porque Argentina y Chile han enviado aviones para ayudar.

Bolivia, con una policía penetrada por los narcos y sin los pertrechos necesarios, no puede ni siquiera ingresar al Chapare, donde los terroristas de Hezbollah dejaron drones para la guerra con el Estado boliviano, según dijo el experto español Herman Tertsch en entrevista desde Francia.

La fiscalía nacional informó ahora que la policía no puede capturar a Morales, contra quien pesan tres mandamientos de aprehensión referidos a delitos de secuestro de tres niñas de 14 años a las que violó.

Pero los principales cargos que hay contra el cocalero mayor se refieren a la droga, como lo dijo el periodista brasileño Leonardo Coutinho en su libro “Hugo Chávez, o espectro”.

Allí se relata cómo la cocaína boliviana era llevada en aviones Hércules al aeropuerto de Caracas, de paso a Estados Unidos en una operación coordinada por Morales y Hugo Chávez.

Vecinos de la ciudad de El Alto protestaron contra quienes cortan las carreteras y gritaron una consigna que se ha hecho nación: “Queremos trabajar”.

Es la Bolivia de la economía legal que así piensa y tiene en frente a los mercenarios de la economía ilegal, pagados por el Cártel del Chapare y las mafias colombianas, brasileñas y paraguayas que operan en los parques nacionales.

El Comando Sur actuó en Ecuador en febrero pasado y en dos semanas capturó a 90% de los narcos de ese país, casi todos colombianos.

El presidente Daniel Noboa había dicho el año pasado que su país no tenía la fuerza para defenderse de la transnacional del narcotráfico, y pidió que alguien vaya a socorrerlo.

Ese deseo se cumplió y ahora Ecuador tiene que terminar el trabajo para desterrar al poder de los narcos que quedaron.

Bolivia, con una policía penetrada por los narcos y sin los pertrechos necesarios, no puede ni siquiera ingresar al Chapare, y tampoco se atreve el ejército.

La OEA expresó su preocupación, pero sobre todo los países vecinos, con excepción de Brasil.