En las dos últimas décadas del siglo pasado la política latinoamericana fue penetrada con gobiernos narco vinculados financiados o influidos por el narcotráfico, pero luego el socialismo del siglo 21 implantó los narcoestados o el control del poder político por el narcotráfico con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y en estados o territorios de México, Argentina y Colombia. En esta realidad, los líderes y gobiernos de las Américas tienen el desafío de terminar con el crimen organizado en la política, una formidable misión que no es posible con medias tintas.

La expresión coloquial “medias tintas” se usa “para describir acciones o actitudes ambiguas, poco claras, indecisas o faltas de firmeza”. “Denota cobardía, precaución excesiva o falta de claridad al tomar una decisión, expresar una opinión o ejecutar una tarea”. La historia refiere que esta expresión nació “en tiempos de la escritura manual con pluma y tintero” y “equivalía a diluir la tinta para que el escrito fuera casi ilegible, permitiendo a quien escribía dejar constancia de algo sin comprometerse por completo o disimulando el mensaje”.

Cuando un gobierno emprende cambios, los afectados reaccionan rápida y violentamente y los beneficiados son en general apáticos o tardan en expresar respaldo. Los cambios -imprescindibles- en sociedades en crisis, son en general traumáticos, no populares y no producen resultados rápidos. La supresión de las leyes infames, el sinceramiento de la economía, el retorno al estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la no impunidad con el procesamiento y detención de acusados, la reinstalación de la institucionalidad y la restauración de la libertad, tocan al crimen organizado que detentó el poder, a los que acumularon fortunas inexplicables y a quienes siguen explotando rubros delictivos.

Las condiciones de crisis económica, social, política e institucional en que los regímenes del socialismo del siglo 21 tienen y dejan países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua, las medidas necesarias para retornar a la democracia y a la libertad económica pueden ser muy duras, pero son imprescindibles. Para cumplir este desafío existencial y realizar el cambio los presidentes y gobiernos tienen las opciones del gradualismo o el impacto (shock).

La política de gradualismo supone un tiempo generalmente prolongado. La política de impacto o de shock, consiste en “medidas radicales aplicadas de forma rápida con el objetivo de reestructurar la economía, la institucionalidad o la sociedad, superando resistencias mediante la implementación rápida y sorpresiva”.

La historia muestra que reformas económicas, políticas y sociales estructurales han aplicado ambos métodos, con recurrentes fracasos para el gradualismo y notables éxitos para los planes de impacto. Entre otros, gobiernos como el de Macri en Argentina, de Añez en Bolivia, de Laso en Ecuador muestran resultados del gradualismo, mientras los de Paz Estenssoro en Bolivia, Moreno en Ecuador, Bukele en El Salvador presentan la aplicación de políticas de impacto.

La gravedad de la situación del país es la que -como la de un enfermo- demanda o permite el gradualismo o el impacto para la recuperación que es básicamente la restitución democracia con sus cinco elementos esenciales: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el estado de derecho; elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

El crimen organizado trasnacional operado por el socialismo del siglo 21 ha suplantado en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador el constitucionalismo, las leyes, la institucionalidad, la economía, la justicia, la conducta social, el sistema educativo, la salud, la seguridad social, las Fuerzas Armadas, Policía y sistemas de seguridad, la identificación personal, la propiedad privada y todo el sistema democrático. La restitución gradual de esta barbarie es imposible, porque el crimen organizado mantiene operaciones como expresiones políticas, capacidad de financiamiento para conspirar y desinformar, control de la violencia ilícita, en realidad mantiene el poder.

Tomar el gobierno pero no el poder (que queda en manos del crimen) no devolverá la libertad y la economía a los pueblos que sufren el oprobio del socialismo del siglo 21.

Por Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy