La crisis de abastecimiento de combustibles que afecta a Santa Cruz y al resto del país llevó este lunes a una reunión de emergencia en el Comité pro Santa Cruz, donde representantes cívicos, productivos, municipales y departamentales se reunieron con autoridades del Gobierno nacional y de YPFB para definir medidas inmediatas y plantear cambios estructurales al actual modelo energético.

Durante el encuentro, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, expuso la situación del suministro de carburantes, mientras que el vocero del Gobierno nacional, José Luis Gálvez, identificó cuatro problemas centrales: la corrupción dentro del sistema, el contrabando y mercado negro, las deficiencias logísticas y la insostenibilidad financiera del modelo vigente.

Entre los principales compromisos asumidos figura la obligación de garantizar el abastecimiento inmediato y publicar desde este lunes un cronograma diario con los volúmenes de combustible programados y efectivamente despachados para Bolivia, Santa Cruz, sus provincias y municipios. También se planteó incorporar al sector privado en la importación, almacenamiento, transporte, refinación, distribución y comercialización de carburantes.

El documento también establece la solicitud de medidas legales para eliminar cargas tributarias que, según los sectores participantes, dificultan la importación privada de combustibles, particularmente el IVA y el IT. Asimismo, se pidió declarar prioritaria la producción de biocombustibles para reducir la dependencia de insumos importados, dinamizar el sector agropecuario e incrementar la oferta nacional, con el objetivo de reducir estructuralmente el costo de los carburantes.

Entre las medidas de mayor alcance, el acta exige reactivar campos petroleros actualmente subutilizados o paralizados, poner en funcionamiento los poliductos y oleoductos y reforzar el control fronterizo para frenar el contrabando y el desvío ilegal de combustibles. También plantea la eliminación de la ANH, exige identificar a los responsables de hechos de corrupción en YPFB y otras instituciones estatales, y propone abrir un debate nacional sobre reformas legales y constitucionales para transformar el modelo energético. Las partes acordaron volver a reunirse el 31 de agosto con Daroca y Gálvez para evaluar avances.