El Gobierno detectó cláusulas presuntamente abusivas en contratos de al menos 14 empresas de urbanizaciones, luego de revisar documentación presentada ante Defensa del Consumidor y procesa más de 1.000 denuncias.

Las observaciones apuntan a contratos que, según la autoridad, establecían condiciones distintas a las certificadas oficialmente y podían dejar a los compradores en una situación de desventaja económica.

El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Justiniano, explicó que hasta el momento se remitieron 14 carpetas con casos observados. En varios de ellos, dijo, el contrato que las empresas presentaban para obtener el certificado de cláusulas no abusivas no coincidía con el documento que posteriormente hacían firmar a los compradores.

“De entrada hay una violación a las normativas de defensa al consumidor”, afirmó a Poder, medios & medios.

Entre las principales observaciones identificadas por la autoridad está la prohibición de transferir un terreno adquirido cuando el comprador todavía mantenía una deuda.

Según Justiniano, algunas empresas establecían que, si una persona había comprado un lote y posteriormente necesitaba recuperar su dinero por razones personales o familiares, no podía transferir el terreno junto con la deuda a un tercero.

El ministro cuestionó esta condición porque, mientras el comprador todavía no hubiera terminado de pagar, la propiedad seguiría sujeta a las condiciones establecidas en el contrato.

Otra observación está relacionada con los plazos de mora. Justiniano señaló que la normativa contempla un periodo de 90 días, pero algunas empresas lo reducían a 60 días.

Más grave aún, según la autoridad, en determinados contratos se establecía que, una vez vencido ese plazo, el comprador podía perder todo lo que había pagado, mientras la empresa recuperaba nuevamente el terreno.

También se detectaron contratos que contemplaban multas de hasta un dólar por día, una condición que el ministro calificó de irregular.

El Gobierno informó que Defensa del Consumidor recibió más de 1.000 denuncias relacionadas con este tipo de casos y que estas están siendo procesadas.

Justiniano aclaró que la labor de Defensa del Consumidor no termina en revisar el contrato. La entidad también puede investigar si la urbanización cuenta con los permisos municipales correspondientes y verificar otros aspectos vinculados con la operación de las empresas.

Sin embargo, existe un límite: Defensa del Consumidor no determina si una conducta constituye un delito ni puede declarar por sí misma la legalidad o ilegalidad definitiva de un contrato. Esa atribución corresponde a la justicia.

Por ello, una vez concluida la investigación administrativa, la documentación es entregada a los afectados para que puedan continuar las acciones correspondientes ante las instancias judiciales.

Detrás de estas denuncias existe un problema que va más allá de una discusión contractual. Para muchas familias, la compra de un lote representa una de las principales inversiones realizadas durante años.

Una cláusula que permita perder lo pagado después de varios meses o años de cuotas puede significar un daño económico considerable para el comprador, especialmente cuando se trata de familias que destinan parte importante de sus ingresos a la adquisición de un terreno.

El ministro señaló además que algunos casos podrían derivar en investigaciones por delitos más complejos, como estafa agravada, debido a la existencia de múltiples personas afectadas.

Justiniano fue consultado sobre empresas y urbanizaciones que circulan en redes sociales como presuntas involucradas en contratos observados. El ministro evitó confirmar públicamente una lista mientras no concluya la revisión jurídica de los expedientes.

Explicó que divulgar nombres sin contar con la documentación definitiva podría afectar tanto a las empresas que eventualmente no tengan responsabilidad como a los propios procesos judiciales.

La autoridad sostuvo que existe la voluntad de transparentar la información, pero bajo criterios jurídicos que eviten perjudicar investigaciones en curso.

Además, remarcó que las denuncias presentadas ante Defensa del Consumidor tienen carácter confidencial.

El proceso abierto por el Gobierno coloca nuevamente bajo la lupa las condiciones de los contratos de urbanización y plantea una pregunta central para quienes pagan por un terreno: qué derechos tiene el comprador frente a una empresa y qué ocurre con su dinero cuando el contrato contiene condiciones que podrían considerarse abusivas.

Para los afectados, la recomendación es respaldar cualquier denuncia con la documentación correspondiente —contrato, comprobantes de pago y demás antecedentes—, ya que esa información permite a Defensa del Consumidor iniciar una investigación y, cuando corresponda, remitir los antecedentes a la justicia.

Fuente: La Razón