La crisis en la que están sumidos todos los órganos del Estado: Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Electoral, tiene su origen en una fecha y en un solo hombre que manejó el Estado por casi 14 años. 

“Evo Morales, el expresidente, desobedeció el mandato del pueblo en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que le prohibió repostularse, hecho que desató una debacle institucional sin precedentes”, coinciden expertos en política y gestión administrativa. 

“Esta debacle institucional tiene una fecha de origen, que es el 21 de febrero de 2016. Es decir, desde el momento en que don Evo Morales, cuando era presidente de Bolivia, decide desconocer la voluntad popular, en ese momento todo el mundo hace lo que le da la gana en las instituciones y empieza el descalabro institucional”, afirma el analista y experto en gestión pública, Fabián Yacsik. 

La palabra más usada por políticos de todas las corrientes, analistas, expertos juristas, legisladores y hasta el Gobierno boliviano es crisis para resumir la actual coyuntura política, jurídica, social y económica. Crisis institucional, porque magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya no interpretan la Constitución como dicta la Carta Magna, sino que “solo emiten sentencias de cumplimiento obligatorio, bajo pena de prisión”. 

Para el analista José Luis Bedregal, esta situación se agravó en el último año por dos aspectos: la prórroga de los magistrados del TCP, cuyo mandato constitucional venció el 31 de diciembre de 2023, y la pelea masista por el poder entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, misma que, según él, arrastró al país. 

“Existe una ruptura del orden constitucional. En Bolivia ya no hay estado de derecho y los bolivianos estamos en absoluta indefensión ante el atropello del Estado que es controlado por un grupo mafioso que viola la Constitución a costa de la democracia boliviana”, afirmó Bedregal. 

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan identifica que el vicio más antiguo que inició esta cadena de contravenciones del TCP fue en 2017, cuando los magistrados, violando el 21F con una sentencia (084/2017), habilitaron a Morales para una “reelección indefinida” porque era su “derecho humano”. 

Esa sentencia, según expertos, abrió una caja de Pandora, ya que a la fecha toda acción del Legislativo, del Órgano Electoral y del Ejecutivo “pretende ser resuelta con sentencias de los magistrados del TCP”, a pesar de que los mismos carecen de un mandato constitucional desde el 31 de diciembre de 2023. 

“Evo Morales, que no fue nada honesto, en 2017 se hizo dar una sentencia y desde esa época se empezó a judicializar la política y la democracia; esa sentencia pasó por encima del resultado de un referéndum”, afirmó Santistevan.

Fuente: El Deber