El Ministerio de Gobierno instruyó una investigación para identificar y sancionar a los funcionarios y servidores públicos que habrían permitido la salida del país del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, pese a las restricciones establecidas por la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional para exautoridades del Estado.

El caso salió a la luz en medio de la crisis por combustibles que atraviesa el país y luego de conocerse que Akly viajó a Estados Unidos tras dejar la presidencia de la estatal petrolera. Según el Gobierno, la normativa vigente obliga a las exautoridades nacionales a permanecer en Bolivia durante seis meses después de concluir sus funciones, con el fin de garantizar su disponibilidad ante auditorías, investigaciones o procesos de fiscalización.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Gobierno señaló que la Dirección General de Migración inició “de manera inmediata” una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades por la salida irregular del exejecutivo de YPFB. La cartera de Estado advirtió que asumirá una posición “absolutamente firme” frente a cualquier acto de encubrimiento, protección o favorecimiento que busque evadir responsabilidades de exautoridades.

“El cumplimiento de la ley debe aplicarse sin excepción y con el mismo rigor para todos”, remarca el pronunciamiento oficial difundido este viernes.

Con Akly, ya son dos los expresidentes de YPFB que abandonaron el territorio nacional tras dejar sus cargos. El primero fue Armin Dorgathen, cuya salida también generó cuestionamientos sobre los controles migratorios y la aplicación efectiva de la Ley 1352.

En meses anteriores, informes legislativos ya habían advertido que decenas de exautoridades lograron salir del país sin cumplir el periodo obligatorio de permanencia establecido por ley, pese a que Migración contaba con listas oficiales remitidas por la Contraloría General del Estado.

Fuente: ANF