Uno de los hechos más graves se registró en el municipio cruceño de San Julián, donde el alcalde Carlos Vaca denunció que grupos movilizados irrumpieron en su vivienda, la saquearon y provocaron destrozos. La autoridad afirmó haber recibido amenazas y señaló que otras propiedades privadas también fueron atacadas después del operativo policial de desbloqueo realizado el fin de semana. Ante la situación, anunció que permanece resguardado fuera de la población por razones de seguridad.

Los actos vandálicos también alcanzaron instalaciones estatales. En San Carlos, un puesto policial móvil destinado al control de combustible fue incendiado por un grupo irregular, quedando completamente destruido. El hecho se suma a una serie de agresiones contra bienes públicos registradas en el contexto de las movilizaciones.

Paralelamente, la Policía reportó el hallazgo de Bs 92.600 en efectivo dentro de un minibús procedente del Chapare cuyos ocupantes portaban documentación y autorizaciones para circular por puntos de bloqueo. Siete personas fueron aprehendidas y las investigaciones buscan determinar el destino de los recursos y su posible relación con el sostenimiento de las medidas de presión.

En Cochabamba, la tensión se concentró en la carretera al occidente, donde efectivos policiales intervinieron un punto de bloqueo para habilitar parcialmente el tránsito en el sector del puente Khora. La operación derivó en enfrentamientos entre movilizados y fuerzas del orden, en medio de una jornada marcada por el uso de piedras, agentes químicos y momentos de alta conflictividad.

Los acontecimientos ocurren después de varios días de enfrentamientos en Santa Cruz, donde operativos de desbloqueo dejaron policías heridos por impactos de bala y ataques contra efectivos de seguridad. Además, autoridades investigan la actuación de grupos irregulares armados que habrían emitido amenazas contra policías, militares y sus familias.

Mientras continúan las medidas de presión, los hechos registrados durante esta jornada evidencian una creciente radicalización de algunos sectores movilizados, con denuncias que ya no se limitan a bloqueos de carreteras, sino que incluyen saqueos, destrucción de bienes públicos y privados, intimidaciones y presuntos mecanismos de financiamiento que son objeto de investigación por parte de las autoridades.

Fuente: Varios