En la sexta semana de protestas sociales que mantienen bloqueos en seis de los nueve departamentos de Bolivia, la tensión social se focaliza en el Trópico de Cochabamba (Chapare), la trinchera del expresidente Evo Morales, a quien el Gobierno ha identificado como cabecilla de un movimiento narcoterrorista que pretende derrocar al presidente electo en urnas hace poco más de seis meses.

Si bien las protestas abarcan a otras regiones, el foco de la tensión se ubicó hoy en esa región, considerada zona roja del narcotráfico.

Ayer lunes, al promulgar la Ley de Estados de Excepción, el presidente Rodrigo Paz Pereira advirtió que los “violentos” y los “narcoterroristas” tienen “los días contados”, luego de señalar que algunos de ellos operan desde el Trópico de Cochabamba.

Luego llegó la respuesta desde las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, en un ampliado de emergencia. Allí, los dirigentes cocaleros anunciaron que no dialogarán con un gobierno que los amenaza, reiteraron su exigencia de renuncia del Jefe de Estado y anticiparon que se defenderán y declararán “desobediencia civil” ante un eventual estado de excepción.

“La región del Trópico nos vamos a organizar, nos vamos a defender, no nos queda otra. Si el gobierno realmente quiere someternos tendrá que matar a los más de 250.000 afiliados que estamos en el Trópico de Cochabamba (…) Estamos decididos a garantizar que en la región del Trópico no vamos a aceptar ese estado de excepción, vamos a llamar a la desobediencia civil. ¿Cómo es posible que a un gobierno narco podamos respetar?”, anunció Gastón Ledezma, secretario general de la Federación Carrasco Tropical.

Aseguró que el Trópico de Cochabamba es una región productiva y que el que verdaderamente está vinculado con el narcotráfico es el Gobierno, por casos como los de la madera impregnada con droga hallada en puertos chilenos y las 32 maletas que llegaron procedentes de Estados Unidos. No obstante, esa zona concentra la mayor cantidad de laboratorios de fabricación de droga en Bolivia y registró un constante crecimiento de cultivos de hoja de coca (14.275 hectáreas en 2024) la mayor parte destinados a mercados ilícitos.

En la misma conferencia de prensa, el secretario general de la Federación del Trópico de Cochabamba, Víctor Mencia, afirmó que ellos no son ni terroristas ni narcotraficantes, como afirma el Ejecutivo, y dijo que el Gobierno será el único responsable de lo que les pueda pasar a sus afiliados y al expresidente Morales, quien no estuvo en la conferencia, aunque es el principal líder de los cocaleros de la zona.

“Advertimos y responsabilizamos a este gobierno si pasa algo con la vida de nuestro hermano Evo Morales”, aseveró.

Ya el pasado viernes el presidente Rodrigo Paz fue directo contra Morales, a quien denunció por recurrir a recursos ilícitos, provenientes del narcotráfico del Chapare (Cochabamba), para usar a sectores sociales con el fin de romper el orden constitucional. Este lunes, en su discurso al promulgar la Ley de Estados de Excepción, preguntó por qué había tanto chapareño en las zonas de mayor conflicto social y dijo que respeta a “todos aquellos sectores limpios” de esa zona del país, “pero no a aquellos vinculados con el narcoterrorismo”.

“¿Es acaso ahora el departamento de La Paz un anexo del Chapare?”, preguntó, en referencia a los dirigentes de esa zona que llegaron hasta la ciudad de El Alto para formar parte de los grupos de bloqueadores que piden la renuncia del Presidente.

“Tenemos que luchar por las organizaciones sociales, indígenas, obreras, campesinas. Nuestras organizaciones sociales no pueden ser contaminadas por la política y menos por la política vinculada al narcoterrorismo”, aseveró Paz Pereira.

Ayer, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, acusó a Evo Morales de estar “enfermo de poder” y de pensar sólo en él sin importarle el sufrimiento de los más humildes, para luego rematar: “Vamos a vencer al narcotráfico, a la corrupción y a quienes pretenden someter al país a sus ambiciones personales”.

Tras la promulgación de la ley que reglamenta los estados de excepción por parte del presidente Rodrigo Paz, comités cívicos y empresarios de Cochabamba y Santa Cruz exigieron aplicar la medida de inmediato para frenar los bloqueos. 

El Comité Cívico y la Cámara de Industria cochabambinos pidieron al mandatario decretar la norma para garantizar “el Estado de Derecho”. Asimismo, exigieron al gobernador Leonardo Loza asumir las acciones necesarias para asegurar el libre tránsito.

En Santa Cruz, el líder cívico Stello Cochamanidis afirmó que el Gobierno tiene la “obligación de decretar” esta medida. “No podemos estar 38 días dependiendo de unos delincuentes”, aseveró, tras denunciar el uso de armas contra civiles y policías.

Hasta la fecha, los cortes de ruta causaron diez muertes por falta de atención médica. Además, continúan restringiendo el traslado de alimentos, combustible, oxígeno y medicamentos, especialmente en La Paz.