Imputado falta por tercera vez a audiencia y es declarado rebelde: familia de la víctima denuncia retardación de justicia y presunta protección
Publicado el 03/07/2026
La víctima fatal es Víctor Raúl Torrez Segales, padre de la atleta boliviana Guadalupe Torrez Torrez, quien, a través de su representación y de sus familiares, manifestó su preocupación por el desarrollo del proceso judicial.
El proceso penal identificado con Expediente N.º 380/26 y NUREJ 701102032600824, seguido por el Ministerio Público contra Yerko Herrera Bejarano por el presunto delito de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, registró este viernes un nuevo incidente procesal luego de que el imputado no se presentara, por tercera ocasión consecutiva, a la audiencia de revocatoria de medidas cautelares.
Ante la inasistencia del imputado, la parte denunciante solicitó nuevamente la declaratoria de rebeldía, petición que fue acogida por el Juzgado hacia la Mujer N.º 26 de la Capital, a cargo del juez Dr. Juan Pablo Esquivel Carrasco. Según la familia de la víctima, esta constituye la tercera declaratoria de rebeldía emitida por dicho juzgado y la segunda declaratoria de rebeldía dictada por la Sala Penal Segunda dentro del mismo proceso.
La víctima fatal es Víctor Raúl Torrez Segales, padre de la atleta boliviana Guadalupe Torrez Torrez, quien, a través de su representación y de sus familiares, manifestó su preocupación por el desarrollo del proceso judicial.
La familia sostiene que las reiteradas ausencias del imputado han provocado demoras en el avance de la causa y expresó su percepción de que existiría un trato preferencial hacia el acusado. Asimismo, afirmó que presume que el imputado contaría con influencias políticas debido a un presunto vínculo familiar con una exautoridad judicial. Estas afirmaciones corresponden a la posición de la familia y no constituyen hechos acreditados judicialmente.
Los familiares de la víctima hicieron un llamado a las autoridades judiciales y al Ministerio Público para que se garantice un proceso transparente, imparcial y oportuno, y para que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales sean cumplidas, evitando nuevas dilaciones que afecten el derecho de las víctimas a obtener justicia.