SOBOCE advierte que eventual ejecución de millonario fallo pondría en riesgo la inversión y el empleo en Bolivia
Publicado el 29/07/2026
La cementera sostiene que la sentencia, que ordena el pago de Bs 744 millones a FANCESA, aún está siendo revisada por la Justicia Constitucional y alerta sobre sus posibles efectos en la economía nacional.
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) advirtió este martes que la eventual ejecución de la sentencia que la obliga a pagar cerca de 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) podría generar consecuencias para la economía nacional, el sistema financiero y miles de fuentes de empleo. La empresa afirmó que el fallo continúa siendo objeto de revisión en la Justicia Constitucional debido a presuntas irregularidades detectadas en el proceso.
A través de un comunicado, la compañía sostuvo que el cumplimiento inmediato de la resolución comprometería su liquidez, sus inversiones y el cumplimiento de sus obligaciones con inversionistas, entidades financieras y tenedores de bonos. Asimismo, señaló que un precedente de esta naturaleza podría afectar la seguridad jurídica del país y dificultar el acceso de Bolivia a financiamiento e inversiones internacionales.
SOBOCE también cuestionó que la sentencia incorpore el concepto de "daño al proyecto de vida" para establecer una indemnización a favor de una sociedad comercial, al considerar que esa figura jurídica está concebida exclusivamente para personas naturales. Según la empresa, la aplicación de este criterio abriría la posibilidad de futuras interpretaciones similares que generarían incertidumbre para el sector empresarial. Además, rechazó lo que calificó como una campaña de presión destinada a influir en las decisiones judiciales y defendió su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
La cementera recordó que mantiene desde hace 16 años un litigio derivado de la expropiación de sus acciones en FANCESA y aseguró que el Estado aún no habría cumplido con el pago del justiprecio establecido. En ese contexto, convocó a la comunidad jurídica, al sistema financiero y a los distintos sectores productivos del país a analizar el contenido de las resoluciones judiciales y los alcances que, a su juicio, tendría este caso para la seguridad jurídica y la atracción de inversiones en Bolivia.