Tras dos décadas de predominio del MAS, la ciudadanía votó por un cambio que prometía desmontar un modelo económico agotado, recuperar la confianza institucional y sentar las bases de una recuperación nacional.

El diagnóstico que motivó ese voto era claro: reservas de gas agotadas, pérdida de mercados de exportación, restricciones al aparato productivo, escasez de dólares, desabastecimiento de combustibles y una crisis energética que comenzaba a hacerse evidente. La expectativa era que un nuevo liderazgo, respaldado por una Asamblea Legislativa donde las fuerzas opositoras sumaban más de dos tercios de los escaños, pudiera impulsar las reformas que durante años parecían imposibles.

Los resultados alimentaron ese optimismo. Aunque la Presidencia debió definirse en una inédita segunda vuelta, quedó configurada una correlación de fuerzas que hacía pensar en acuerdos suficientes para aprobar leyes estratégicas, atraer inversiones, modernizar el sector de hidrocarburos y avanzar hacia una reforma parcial de la Constitución, uno de los compromisos compartidos por varias candidaturas.

Pero doce meses después el balance dista mucho de aquellas expectativas.

El entendimiento inicial entre las principales fuerzas parlamentarias fue breve. Las diferencias políticas terminaron imponiéndose sobre la agenda de reformas, las bancadas comenzaron a fragmentarse y la Asamblea volvió a mostrar señales de parálisis. La oportunidad de construir consensos para enfrentar una crisis excepcional fue reemplazada por disputas que recuerdan los bloqueos institucionales de años recientes.

Tampoco el Ejecutivo logró consolidar el respaldo con el que inició su gestión. Algunas decisiones erráticas, como la marcha atrás frente al decreto sobre combustibles, fortalecieron a sectores que posteriormente impulsaron nuevas demandas y terminaron desembocando en los 53 días de bloqueos que paralizaron al país entre mayo y junio.

Aquella protesta marcó un punto de inflexión. Las exportaciones y las importaciones se desaceleraron, el aparato productivo sufrió nuevas pérdidas y la crisis del diésel y la gasolina se profundizó. Hoy, los productores enfrentan dificultades para desarrollar la campaña agrícola más importante del año, mientras transportistas y ciudadanos continúan invirtiendo horas —e incluso días— haciendo filas para conseguir combustible. La incertidumbre ya no gira únicamente alrededor del abastecimiento; también alcanza la capacidad del Estado para ofrecer una solución en el corto plazo.

El problema de fondo es que el cambio prometido no se ha traducido todavía en transformaciones estructurales. Las leyes económicas estratégicas siguen pendientes, la reforma institucional permanece estancada y muchas de las prácticas que la ciudadanía esperaba superar continúan condicionando la gestión pública.

Un año después de aquellas elecciones, la principal lección es que una victoria electoral no garantiza, por sí sola, un cambio de rumbo. Ese cambio requiere acuerdos duraderos, liderazgo político y capacidad para anteponer el interés nacional a los cálculos partidarios.

Los bolivianos ya hicieron su parte cuando acudieron masivamente a votar. Ahora corresponde que quienes recibieron ese mandato honren la confianza depositada en las urnas. El país no puede resignarse a convertir la esperanza de hace un año en una promesa indefinidamente postergada.

Editorial del diario El Deber