El asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, desató una ola de indignación en Bolivia.
Hoy nos despertamos una vez más, con la noticia de un asesinato, hecho que empieza a volverse peligrosamente cotidiano, cuando en realidad debería alarmarnos. El reciente asesinato del decano del Tribunal Agroambiental no es un hecho aislado: es consecuencia, es mensaje y, sobre todo, es advertencia.
Que una autoridad investida para impartir justicia sea ejecutada en vía pública, en una zona céntrica, nos obliga a hacernos preguntas incómodas: ¿qué está fallando? ¿En qué momento el sistema dejó de proteger incluso a quienes lo representan?... y nos deja la sensación de que nadie está verdaderamente a salvo.
Nuestras propias autoridades policiales han advertido un incremento de homicidios con características de ejecución, particularmente en Santa Cruz, y esto ya no reporta sólo cifras se vuelve un patrón de comportamientos propios del sicariato: violencia planificada, precisión en los ataques y, en muchos casos, posibles ajustes de cuentas vinculados al crimen organizado, contexto que no puede ser ignorado, porque lo que estamos presenciando día a día, es en una escalada de violencia cada vez más audaz y desafiante.
Como ciudadana, la preocupación no se limita al hecho violento en sí, sino al mensaje de fondo: la posibilidad de que el crimen organizado esté midiendo fuerzas con el Estado y frente a esta realidad, la respuesta no puede ser tibia, se requiere un fortalecimiento real de las instituciones y una depuración interna donde sea necesario.
Pero hay una pregunta que también nos interpela como sociedad:¿estamos reaccionando ante estos hechos... o estamos empezando a acostumbrarnos a ellos?
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